Fin del Absolutismo Judicial

 "El Estado soy yo" es una frase atribuida a Luis XIV, conocido como el Rey Sol, que simboliza la visión absolutista del poder en Francia. Durante su reinado de 72 años, Luis XIV consolidó la monarquía absoluta, donde el poder se concentraba exclusivamente en manos del monarca. En contraste, Luis XVI, quien gobernó entre 1774 y 1792, es recordado principalmente por su ejecución durante la Revolución Francesa.

Esta visión absolutista, donde el poder se reserva para unos pocos, encuentra eco en el poder judicial de México, un sistema conocido por su nepotismo. Las oportunidades para ingresar a este ámbito, ya sea a través de servicio social, prácticas, o puestos de trabajo, son extremadamente limitadas. Los recién egresados o estudiantes, a menudo, solo aspiran a ser utilizados como mano de obra gratuita en convenios con universidades, y luego son desechados al término de su "servicio".

Aquellos con privilegios familiares o conexiones dentro del poder judicial defienden la idea de que solo ellos, con una carrera judicial, tienen la capacidad para ser jueces y, por lo tanto, el derecho exclusivo de juzgar. Sin embargo, el filósofo escocés del siglo XVIII, Thomas Reid, proponía una visión diferente. Reid defendía la noción de sentido común como una base fundamental para la filosofía y el conocimiento, sugiriendo que el sentido común, basado en percepciones sensoriales y aspectos de la lógica, debería ser el fundamento de nuestras creencias y juicios.

Esta filosofía ha sido una piedra angular en la implementación de los jurados populares en Estados Unidos, donde ciudadanos comunes, sin formación jurídica especializada, son convocados para deliberar sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados. La idea es que el sentido común de un grupo de personas diversas puede llevar a decisiones justas y comprensibles, en lugar de depender únicamente de expertos o de una élite privilegiada.

En México, la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca un cambio similar, proponiendo que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular. Este proyecto tiene como objetivo que el poder judicial responda a los intereses del pueblo, y no solo a los de una élite privilegiada, permitiendo que casi todos los jueces del país sean electos directamente por los ciudadanos. Esta propuesta, en esencia, busca democratizar el poder judicial y abrir la puerta para que el sentido común, representado por la voluntad popular, juegue un papel central en la administración de justicia.